24 de febrero de 2026

Eduardo Béjar rechaza la moción del grupo Vox sobre regularización de migrantes, argumentando que la movilidad humana es una realidad global y que València históricamente ha acogido migraciones que la han enriquecido. Defiende la legalización de trabajadores migrantes en situación irregular que desempeñan labores esenciales.

El representante de Orriols en Lucha defiende la riqueza de la multiculturalidad y la convivencia del barrio con más de 40 nacionalidades, criticando los prejuicios xenófobos y exaltando el mestizaje como valor cultural.

Pilar Martínez de Orriols en Lucha defiende la multiculturalidad como riqueza y rechaza criminalizaciones de la migración, reclamando políticas de integración, vivienda digna, empleo justo y fortalecimiento de servicios sociales en barrios vulnerables como Orriols.

El representante de la AVV Campanar denuncia la moción como un intento de pescar votos en clave electoral, defendiendo la inmigración como aportación positiva a la sociedad y rechazando los discursos de odio, racismo y xenofobia que asocian delincuencia a la llegada de inmigrantes.

La ONG Servicio Jesuita a Migrantes España expone la necesidad de una política migratoria integral que vaya más allá de la gestión de crisis, incluyendo políticas de integración, inclusión y cohesión social para garantizar el acceso a derechos, empleo cualificado y convivencia.

Silvana Gabriela Cabrera Martínez, en representación de la Asociación Mujeres, Voces y Resistencia, defiende la regularización extraordinaria de migrantes como un acto de justicia social que beneficia a toda la sociedad, fortalece derechos laborales y permite diseñar políticas públicas más justas basadas en datos reales. Argumenta que el deterioro de servicios públicos no es causado por la regularización, sino por recortes presupuestarios y decisiones políticas previas.

La Asociación Intercultural Candombe aboga por la regularización administrativa de personas migrantes y en situación de vulnerabilidad como herramienta para formalizar una realidad existente y garantizar derechos laborales, de vivienda y acceso a servicios públicos.

La Asociación Intercultural Candombe rechaza vincular la migración con la inseguridad y demanda políticas integrales que garanticen inclusión social, vivienda, empleo y acceso a servicios públicos, rechazando el discurso que estigmatiza a migrantes y debilita el tejido asociativo.

La sindicalista de STEPV-Intersindical critica los discursos sobre inmigración, argumentando que los problemas reales (crisis de vivienda, precariedad laboral, falta de inversión pública) no son causados por los migrantes sino por políticas injustas, y defiende la dignidad y derechos de todas las personas independientemente de su origen.

Médicos del Mundo denuncia las barreras de acceso al sistema sanitario que enfrentan más de 400 personas migrantes en València en 2025 por falta de documentación, e insta al Ayuntamiento a facilitar el empadronamiento y la regularización extraordinaria para garantizar el derecho universal a la salud.

Orriols Conviu reclama que las decisiones municipales tengan en cuenta la realidad de los barrios vulnerables y que la regularización administrativa se considere como un mecanismo de justicia social que facilita la integración y la convivencia intercultural.

El representante de FAMPA València critica el discurso alarmista de una moción anterior, defendiendo que no es necesario restringir derechos laborales. Reclama mayor atención al mantenimiento de la escuela pública en lugar de propuestas sin sentido.

Solange Godoy, en representación de FAMPA València, rechaza una moción que propone discriminación en el acceso a servicios públicos basándose en el origen nacional, argumentando que viola la Constitución y principios de igualdad. Defiende la educación pública inclusiva y rechaza los discursos xenófobos que señalan a las familias migrantes como amenaza.

Herminia Virginia Royo García, de la AV Arrancapins-la Petxina, critica duramente la agenda xenófoba y racista de Vox, celebrando la regularización extraordinaria de migrantes y reclamando la legalización completa, derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIES.

El Consell de la Joventut de València rechaza la moción de Vox sobre regularización de migrantes, argumentando que criminalizar a la población migrante no resuelve los problemas reales de la juventud y que la diversidad es una fortaleza de la ciudad que debe gestionarse desde el respeto a los derechos humanos.

Representante de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano defiende la regularización de migrantes como cuestión de justicia social e igualdad de derechos, rechazando las falsedades xenófobas y comprometiéndose a continuar la lucha antirracista y feminista.

El representante de la AVV Campanar denuncia la falta de dotaciones culturales y deportivas en el barrio, la falta de transparencia en la reforma del Plan General, la construcción desigual de edificios y la demora en la implantación de la Universidad Popular prevista para 2027.

La Asociación Vecinal de Benimaclet reclama una participación ciudadana real en los grandes proyectos urbanísticos, denunciando que las entidades vecinales apenas son consultadas en los procesos de toma de decisiones sobre el PAI de Benimaclet, cuyos términos benefician mayoritariamente a la vivienda de renta libre en lugar de vivienda protegida.

El presidente de la Asociación Veïnal la Roqueta critica la falta de cumplimiento de objetivos urbanísticos y de participación ciudadana en el barrio, denunciando la dilación de proyectos como el bulevar García Lorca y la falta de ejecución de la supermanzana mientras destaca el déficit de zonas verdes y la desigualdad en inversiones municipales.

José Amparo Real denuncia que el Ayuntamiento ha convertido la participación ciudadana en un trámite formal sin capacidad decisoria real, con ejemplos en varios barrios como Carme, Benimaclet y Grau donde se toman decisiones sin escuchar al vecindario y se restringen intervenciones en las juntas de distrito.

La asociación de vecinos de Arrancapins-la Petxina exige un cambio en las políticas de urbanismo y movilidad del gobierno municipal, criticando el aumento del tráfico y la contaminación, el retraso en la Zona de Bajas Emisiones, y rechazando la conversión del Corredor Verde en una avenida de circulación rodada. Demanda la eliminación del túnel de Pérez Galdós y la peatonalización completa de la supermanzana.

La Coordinadora Feminista de València denuncia la violencia contra las mujeres, exige cumplimiento de tratados internacionales como el Convenio de Estambul y la CEDAW, y reclama recursos suficientes para el Pacto de Estado contra las violencias machistas, además de exigir que la televisión pública respete la legislación de igualdad.