Intervenciones

La Coordinadora Feminista de València denuncia la violencia contra las mujeres, exige cumplimiento de tratados internacionales como el Convenio de Estambul y la CEDAW, y reclama recursos suficientes para el Pacto de Estado contra las violencias machistas, además de exigir que la televisión pública respete la legislación de igualdad.

La asociación de vecinos de Arrancapins-la Petxina exige un cambio en las políticas de urbanismo y movilidad del gobierno municipal, criticando el aumento del tráfico y la contaminación, el retraso en la Zona de Bajas Emisiones, y rechazando la conversión del Corredor Verde en una avenida de circulación rodada. Demanda la eliminación del túnel de Pérez Galdós y la peatonalización completa de la supermanzana.

José Amparo Real denuncia que el Ayuntamiento ha convertido la participación ciudadana en un trámite formal sin capacidad decisoria real, con ejemplos en varios barrios como Carme, Benimaclet y Grau donde se toman decisiones sin escuchar al vecindario y se restringen intervenciones en las juntas de distrito.

El presidente de la Asociación Veïnal la Roqueta critica la falta de cumplimiento de objetivos urbanísticos y de participación ciudadana en el barrio, denunciando la dilación de proyectos como el bulevar García Lorca y la falta de ejecución de la supermanzana mientras destaca el déficit de zonas verdes y la desigualdad en inversiones municipales.

La Asociación Vecinal de Benimaclet reclama una participación ciudadana real en los grandes proyectos urbanísticos, denunciando que las entidades vecinales apenas son consultadas en los procesos de toma de decisiones sobre el PAI de Benimaclet, cuyos términos benefician mayoritariamente a la vivienda de renta libre en lugar de vivienda protegida.

El representante de la AVV Campanar denuncia la falta de dotaciones culturales y deportivas en el barrio, la falta de transparencia en la reforma del Plan General, la construcción desigual de edificios y la demora en la implantación de la Universidad Popular prevista para 2027.

Representante de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valenciano defiende la regularización de migrantes como cuestión de justicia social e igualdad de derechos, rechazando las falsedades xenófobas y comprometiéndose a continuar la lucha antirracista y feminista.

El Consell de la Joventut de València rechaza la moción de Vox sobre regularización de migrantes, argumentando que criminalizar a la población migrante no resuelve los problemas reales de la juventud y que la diversidad es una fortaleza de la ciudad que debe gestionarse desde el respeto a los derechos humanos.

Herminia Virginia Royo García, de la AV Arrancapins-la Petxina, critica duramente la agenda xenófoba y racista de Vox, celebrando la regularización extraordinaria de migrantes y reclamando la legalización completa, derogación de la Ley de Extranjería y el cierre de los CIES.

Solange Godoy, en representación de FAMPA València, rechaza una moción que propone discriminación en el acceso a servicios públicos basándose en el origen nacional, argumentando que viola la Constitución y principios de igualdad. Defiende la educación pública inclusiva y rechaza los discursos xenófobos que señalan a las familias migrantes como amenaza.

El representante de FAMPA València critica el discurso alarmista de una moción anterior, defendiendo que no es necesario restringir derechos laborales. Reclama mayor atención al mantenimiento de la escuela pública en lugar de propuestas sin sentido.

Orriols Conviu reclama que las decisiones municipales tengan en cuenta la realidad de los barrios vulnerables y que la regularización administrativa se considere como un mecanismo de justicia social que facilita la integración y la convivencia intercultural.

Médicos del Mundo denuncia las barreras de acceso al sistema sanitario que enfrentan más de 400 personas migrantes en València en 2025 por falta de documentación, e insta al Ayuntamiento a facilitar el empadronamiento y la regularización extraordinaria para garantizar el derecho universal a la salud.

La sindicalista de STEPV-Intersindical critica los discursos sobre inmigración, argumentando que los problemas reales (crisis de vivienda, precariedad laboral, falta de inversión pública) no son causados por los migrantes sino por políticas injustas, y defiende la dignidad y derechos de todas las personas independientemente de su origen.

La Asociación Intercultural Candombe rechaza vincular la migración con la inseguridad y demanda políticas integrales que garanticen inclusión social, vivienda, empleo y acceso a servicios públicos, rechazando el discurso que estigmatiza a migrantes y debilita el tejido asociativo.

La Asociación Intercultural Candombe aboga por la regularización administrativa de personas migrantes y en situación de vulnerabilidad como herramienta para formalizar una realidad existente y garantizar derechos laborales, de vivienda y acceso a servicios públicos.

Silvana Gabriela Cabrera Martínez, en representación de la Asociación Mujeres, Voces y Resistencia, defiende la regularización extraordinaria de migrantes como un acto de justicia social que beneficia a toda la sociedad, fortalece derechos laborales y permite diseñar políticas públicas más justas basadas en datos reales. Argumenta que el deterioro de servicios públicos no es causado por la regularización, sino por recortes presupuestarios y decisiones políticas previas.

La ONG Servicio Jesuita a Migrantes España expone la necesidad de una política migratoria integral que vaya más allá de la gestión de crisis, incluyendo políticas de integración, inclusión y cohesión social para garantizar el acceso a derechos, empleo cualificado y convivencia.

El representante de la AVV Campanar denuncia la moción como un intento de pescar votos en clave electoral, defendiendo la inmigración como aportación positiva a la sociedad y rechazando los discursos de odio, racismo y xenofobia que asocian delincuencia a la llegada de inmigrantes.

Pilar Martínez de Orriols en Lucha defiende la multiculturalidad como riqueza y rechaza criminalizaciones de la migración, reclamando políticas de integración, vivienda digna, empleo justo y fortalecimiento de servicios sociales en barrios vulnerables como Orriols.

El representante de Orriols en Lucha defiende la riqueza de la multiculturalidad y la convivencia del barrio con más de 40 nacionalidades, criticando los prejuicios xenófobos y exaltando el mestizaje como valor cultural.

Eduardo Béjar rechaza la moción del grupo Vox sobre regularización de migrantes, argumentando que la movilidad humana es una realidad global y que València históricamente ha acogido migraciones que la han enriquecido. Defiende la legalización de trabajadores migrantes en situación irregular que desempeñan labores esenciales.

La plataforma Juntes per l'Habitatge denuncia que 500 famílies que cumplían requisitos han quedado excluidas de las ayudas de alquiler por agotamiento de crédito presupuestario, solicitando una ampliación urgente del presupuesto y revisión de los requisitos de acceso.

La representante de la asociación de vecinos de La Raiosa denuncia la situación de suciedad en el barrio, causada por falta de recursos municipales, problemas del botellón, residuos turísticos y vertidos de escombros, solicitando bonificaciones en la tasa de residuos para incentivar el reciclaje y agradeciendo el trabajo de la Fundación València, Clima y Energía.

Representante de Juntes per l'Habitatge critica la política de vivienda municipal y estatal, enfatizando que los desahucios y la especulación extranjera son causas clave de la subida de precios de alquiler. Demanda regulación pública, estudios serios sobre necesidades habitacionales y prórroga del escudo social.

El Consell de la Joventut de València denuncia la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad, donde solo el 15% de los jóvenes pueden emanciparse, requiriendo el 87% de su salario. Reclaman un incremento del parque público de vivienda, un plan municipal de vivienda juvenil, regulación del mercado de alquileres y mayor participación de los jóvenes en las políticas de vivienda.

La Asociación Mujeres Voces y Resistencias denuncia la discriminación racista en el mercado inmobiliario valenciano que afecta especialmente a mujeres migrantes y racializadas, exigiendo al Ayuntamiento que declare Valencia zona tensionada según la Ley de Vivienda de 2023 y adopte medidas urgentes de acceso a vivienda pública.

La Asociación Intercultural Candombe denuncia la crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a personas migrantes, jóvenes y familias vulnerables, causando hacinamiento y expulsión de ciudadanos hacia otros municipios, y solicita que Valencia declare la ciudad como zona tensionada para regular los precios del alquiler.

La Federación de Asociaciones Vecinales pide diálogo y acuerdo entre gobierno y oposición para implementar una zona de bajas emisiones que mejore la calidad del aire y la salud. También reclama actuaciones urgentes sobre la crisis de vivienda con medidas como declarar zona tensionada, convertir alojamientos turísticos ilegales en viviendas y crear una agencia municipal de alquiler.

La Plataforma València per l'Aire advierte sobre un posible procedimiento de infracción ante la Comisión Europea por incumplimiento normativo y propone trabajar conjuntamente en medidas de aparcamiento prioritario y zona de bajas emisiones para reducir tráfico y mejorar la calidad del aire.

La Asociación Vecinal Cuidem la Raiosa reclama una zona de bajas emisiones ambiciosa y real que mejore la calidad del aire en el barrio de La Raiosa, uno de los más afectados por la contaminación vehicular, e incorpore medidas como espacios verdes y la transformación del bulevar Federico García Lorca en un corredor verde.

Un médico jubilado y representante de ACDESA apoya la moción sobre asistencia sanitaria en Atención Primaria, señalando que en Valencia no se garantiza la atención en 48 horas como establecen los estándares nacionales, y pide al Ayuntamiento que apoye a los ciudadanos para garantizar acceso equitativo a la sanidad pública.

El portavoz de la plataforma propone tres medidas concretas para mejorar la calidad del aire y la movilidad en Valencia: regulación del estacionamiento prioritario para vecinos, liderazgo de la Autoridad Metropolitana de Transporte y tasas al uso intensivo de mercancías y turismo, advirtiendo que la ciudad incumplirá la normativa europea en cuatro años.

Maria Dolores Gradolí del Centre de Recursos Just Ramirez exige al Ajuntamiento de València medidas concretas y transparencia en la atención a las víctimas de la catástrofe, incluyendo apoyo psicológico, rehabilitación de viviendas y reconstrucción con criterios de resiliencia climática, rechazando planificaciones inadecuadas.

La AVV de la Malvarrosa critica la exclusión del barrio de las zonas de bajas emisiones, argumentando que esto incrementará el tráfico local y la contaminación, y reclama mejoras en el transporte público, especialmente en la línea 31, y la ejecución del carril bici.

Rosa María Álvarez, en representación de Intersindical, critica a la alcaldesa por su falta de respuesta institucional ante la tragedia de la DANA, acusándola de priorizar política estatal sobre el dolor de las familias de Valencia que perdieron seres queridos. Denuncia además el intento de boicotear la manifestación del 26 de octubre mediante la creación de actividades paralelas.

El presidente de la AV La Roqueta critica la propuesta de ZBE del gobierno municipal por ser insuficiente y advirte que sin una ZBE real operativa se perderán fondos europeos necesarios para mejorar la EMT y los servicios del barrio, insta a la alcaldesa y al concejal a negociar y aceptar las mejoras propuestas.

La intervención critica la falta de apoyo institucional de la Generalitat y el Ayuntamiento a las asociaciones de víctimas tras la dana, señalando maltrato institucional y exigiendo responsabilidades en la reconstrucción tanto de infraestructuras como emocional.

El presidente de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública denuncia la crisis de vivienda en Valencia, la falta de cumplimiento de compromisos sobre el límite del 25% de ingresos destinados al alquiler, y los gastos desorbitados e injustificados que sufren las familias en viviendas públicas, especialmente en la calle Arquitecto Segura Lago gestionadas por AUMSA.

Representante de la AVV La Torre demanda elecciones inmediatas y critica duramente la gestión política de Mazón y el PP respecto a la crisis climática y la DANA, pidiendo responsabilidades políticas.

La Asociación Alanna denuncia la violencia machista contra la infancia y reclama medidas de protección integral, formación especializada y el rechazo de pseudociencias como el síndrome de alienación parental, así como la coordinación entre servicios para garantizar el bienestar de los hijos e hijas de mujeres víctimas.

Miguel Sánchez Valdés, presidente de la Asociación de Vecinos de La Roqueta, critica la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la modificación del PMUS aprobadas, argumentando que son insuficientes e ilegales para proteger la salud pública, ya que no alcanzarán los límites mínimos europeos ni los valores recomendados por la OMS. Denuncia que se trata de un mero trámite administrativo para no perder una subvención, sin participación ciudadana real.

El representante de la Asociación de Vecinos de Sant Marcelino solicita el apoyo a la moción del Corredor Verde para convertir en zona verde un espacio urbano históricamente descuidado durante 16 años, mejorando la conexión entre barrios y respondiendo a una antigua reivindicación vecinal.

La asociación de vecinos de Abastos-Finca Roja critica el cribado de propuestas ciudadanas en los presupuestos participativos, denunciando que se han rechazado ideas válidas para mejorar barrios mientras se aprueban proyectos de dudosa utilidad como un mástil de 180.000 euros en Extramurs.

La Asociación de Vecinos de Sant Antoni-Saïdia manifiesta su disconformidad con la calificación de inviables de varias propuestas en los Presupuestos Participativos 2025-2026, señalando inconsistencias en los criterios técnicos aplicados y solicitando la revisión de las exclusiones realizadas.

El representante de la Asociación de Vecinos de La Petxina critica la falta de transparencia en el filtrado de propuestas de presupuestos participativos, denunciando arbitrariedades en la selección y pidiendo la apertura de un período de alegaciones para revisar los rechazos técnicos y una aplicación uniforme de criterios.

La presidenta de la AVV La Torre critica la falta de servicios e infraestructuras en la pedanía, a pesar de algunos avances, y denuncia deficiencias en agua potable, alcantarillado, limpieza y mobiliario urbano, cuestionando también las prioridades del Ayuntamiento.

La AVV La Torre solicita que la Conselleria corrija la placa del puente ciclopeatonal entre La Torre y el otro lado del río para que figure correctamente como 'Pont de la Solidaritat - Ingeniero Jorge Meliá Lafarga', honor que merecen las víctimas del 29 de octubre y la memoria del ingeniero.

La representante del AMPA exige un acto conmemorativo en el aniversario de la DANA para todas las víctimas, critica el abandono sufrido por los afectados y responsabiliza al presidente Mazón, denunciando la falta de recursos de emergencia mientras se destinan medios policiales para escoltar a políticos.

El presidente de la Associació de Veïns de la Roqueta denuncia el deterioro continuo del barrio, con problemas de tráfico, aparcamiento, inseguridad y falta de espacios verdes, pidiendo soluciones integrales de movilidad a nivel metropolitano y criticando el bloqueo de proyectos como el bulevar de Xàtiva-Guillén de Castro y el Parque García Lorca.

El representante de la Asociación Intercultural Candombe denuncia el genocidio en Gaza y pide a Valencia que condene claramente los crímenes contra la humanidad, declare persona non grata al primer ministro Netanyahu, se declare ciudad libre de crímenes contra la humanidad, comprometa sus políticas de contratación a no colaborar con empresas violadoras de derechos humanos, y boicotee a Israel, incluyendo el bloqueo de buques militares en sus puertos.

El Front Abolicionista del País Valencià exige la aprobación de una ordenanza abolicionista de la prostitución en Valencia, con medidas integrales de apoyo social, laboral y habitacional para las mujeres y niñas en situación de explotación, destacando que Valencia es conocida como paraíso de prostitución en España.

Joan Olmos Llorens, en representación de la Asociación la Plaça Debats, realiza una intervención en apoyo de la distinción concedida a Vicent Torres Castejón, destacando su trayectoria como experto en urbanismo y transporte, su legado académico y su contribución al barrio de Benimàmet, especialmente el parque Lineal, e insistiendo en la necesidad de mejorar la infraestructura verde en la ciudad.

La representante del AMPA reclama soluciones urgentes para familias de La Torre afectadas por problemas de vivienda, empleo y servicios sociales, destacando casos concretos como el de Pamela, María del Mar, Yolanda y Juan que llevan meses esperando respuestas de la administración municipal.

La Associació Fester Crist de Benimaclet celebra les seves festes patronals i sol·licita millora de la seguretat durant les celebracions, així com la resolució de problemes urbanístics al barri, incloent-hi un solar municipal amb una figuera centenària i l'adequació de construccions. A més, demana simplificar el procediment de sol·licitud de permisos per a les festes, que actualment requieren important documentació.

El secretario del Discóbolo La Torre Athletic Club solicita la finalización urgente de las obras de iluminación del campo, la aceleración de la construcción de nuevos vestuarios y que el Ayuntamiento se encargue de la demolición y saneamiento de las antiguas instalaciones dañadas por la dana. El club enfrenta dificultades económicas derivadas de los daños sufridos y la lentitud en los reembolsos de seguros.

La Plataforma Vecinal de Penyaroja solicita la aceleración de proyectos en marcha como la rehabilitación de la alquería del Tenis y la creación del jardín Tres de Abril, y demanda la construcción de un centro de salud en el barrio, el soterramiento de las vías de Serrería y medidas antiruido en varias calles.

El representante de la Asociación Valenciana de Start Ups destaca el papel del ecosistema emprendedor e innovador de Valencia, que ha generado más de 20.000 empleos anuales y atraído inversión internacional, proponiendo convertir la ciudad en un hub global de innovación con impacto mediterráneo mediante colaboración público-privada.

Representante de la Asociación de Vecinos Nazaret Unido agradece los logros municipales en el barrio (limpieza del río, parque de Desembocadura, alumbrado público, mejora de movilidad) y presenta reivindicaciones pendientes como apertura de calles, ampliación de aceras, cámaras de seguridad y habilitación de espacios comunitarios.

La Asociación de Vecinos Polo y Peirolón valora positivamente las mejoras realizadas en infraestructuras viales, accesibilidad y servicios sanitarios, pero solicita ampliar las plazas de aparcamiento y construir un centro para personas mayores.

Vecino afectado por la dana denuncia el olvido administrativo y la falta de soluciones habitacionales, pidiendo vivienda asequible, atención a la inseguridad en las pedanías y mejora de los servicios sociales.

María Teresa Bacete de Valencia Silicon Cluster felicita al Ayuntamiento por su trabajo en el sector de semiconductores y expone los éxitos conseguidos en los últimos años, solicitando apoyo para traer un Campus Internacional de Semiconductores a Valencia replicando el modelo del Chip Innovation Center de Málaga.

La representante de la Asociación de Vecinos Dehesa D.26 reclama la ejecución de proyectos ya aprobados en Castellar-l'Oliveral y denuncia restricciones arbitrarias al uso del Centre Cívic la Cebera. Solicita mejora en dotaciones públicas, transporte público ajustado a las necesidades del barrio y participación real en el Pla especial sin segmentación política.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores reclama ayudas suficientes para los labradores, el traslado del Consell Agrari a la huerta, y un programa piloto para agrupar tierras y superar el minifundismo que hace inviable la agricultura actual.

La Asociación Vecinal de Monteolivete presenta un proyecto integral de recuperación del espacio público del barrio, demandando mayor arbolado, accesibilidad peatonal, reducción del tráfico y mejora de servicios básicos ante el sentimiento de abandono municipal.

El presidente de la ONG AESCO hace un llamamiento para que la migración ocupe un lugar central en las políticas públicas municipales, enfatizando que el 27% de la población de València ha nacido en el extranjero y demandando soluciones integrales en vivienda, empleo, educación y acceso a nacionalidad, además de mayor representación de personas migrantes en las estructuras políticas y administrativas municipales.

José Vicente Navarro Raga, representante de Lo Rat Penat, valora positivamente decisiones simbólicas del Ayuntamiento como la restitución del nombre de la ciudad como Valéncia, la recuperación de la procesión del 9 de octubre, el mantenimiento de la estatua de Francesc de Vinatea y la rotulación de una plaza con el nombre del poeta Anfós Ramon i García, apoyando las iniciativas que dignifiquen la lengua y cultura valenciana.

La Federación de Asociaciones Venezolanas en la Comunidad Valenciana presenta las principales problemáticas de la comunidad venezolana en Valencia (20.000 personas), destacando la necesidad de acceso al empleo, emprendimiento, homologación de títulos y atención a urgencias sociales, manifestando su compromiso con la integración y el trabajo conjunto con las instituciones públicas.

El representante del taxi solicita mejoras en los carriles de taxi, regulación de la parada del AVE mediante barreras, refuerzo policial contra intrusismo y VTC, y una ordenanza sobre tuk tuks. Demanda mayor reconocimiento al taxi como patrimonio urbano y participación en la Semana de Movilidad.

El decano de la Real Academia de Cultura Valenciana felicita públicamente la decisión del Ayuntamiento de Valencia de oficializar la denominación 'València' en valenciano con acento cerrado, reivindicando la autonomía lingüística y la normalización del idioma valenciano frente a presiones externas.

Orriols en Lucha denuncia la ocupación masiva del espacio público, el consumo de alcohol y drogas, y la falta de vigilancia policial en el barrio. Reclaman el polideportivo cerrado, la biblioteca prometida, servicios sociales colapsados, la plantación de 130 árboles y mesas interconcejalías para abordar los problemas de forma integral.

La Asociación de Vecinos de Abastos denuncia la crisis de vivienda por pisos turísticos, la falta de espacios verdes, la contaminación y los problemas de seguridad en el barrio de Arrancapins, pidiendo una tasa turística y mayor voluntad política para hacer una ciudad más habitable y sostenible.

AVACU valora positivamente los esfuerzos del Ayuntamiento en resolver reclamaciones, mejorar servicios digitales, transporte y limpieza, aunque identifica áreas de mejora como la brecha digital, frecuencia de autobuses y limpieza de algunas zonas. Destaca la gestión ejemplar tras el incendio de julio en avenida del Puerto.

La Asociación de Vecinos de Turianova expone sus principales preocupaciones: ruido insoportable de trenes de mercancías, falta de servicios básicos (educación y sanidad), transporte público insuficiente, problemas graves de movilidad y atascos, y deficiencias en mantenimiento urbano y seguridad. Solicitan compromisos claros con fechas y medidas concretas para mejorar la calidad de vida del barrio.

Luis Nogués, presidente del Club Deportivo Zafranar, agradece al Ayuntamiento y a la Fundación Deportiva Municipal el nuevo marco de gestión que regulariza la situación del campo Tres Cruces en Patraix y permite que 41 entidades deportivas sin ánimo de lucro gestionen 25 instalaciones municipales, garantizando estabilidad y acceso universal al deporte para los 380 niños y niñas del club.

La Asociación Foro Cultural La Roqueta-San Vicente Mártir solicita el reconocimiento oficial del conjunto histórico de La Roqueta como patrimonio cultural y que se garantice su conservación mediante una reunión participativa entre la Concejalía de Cultura y las asociaciones locales. Además, denuncia la discriminación educativa de niños que estudian en barracones desde antes de la dana.

Enrique Asensi, en representación de las 105 ONGD de cooperación internacional, denuncia la reducción presupuestaria municipal en cooperación (de 2 a 1,2 millones de euros) y pide un cambio de rumbo en las políticas municipales ante la crisis humanitaria global y la respuesta demostrada en la dana.

Rosa Jover, representante de la AVV de Malilla, critica la gestión municipal y plantea problemas específicos del barrio: recortes en centros de juventud, problemas en la biblioteca, cambios urbanísticos sin consulta, renombramiento de escuela sin participación ciudadana, y deficiencias en mantenimiento de parques y limpieza.

Élida Puig Cebolla, en representación de Intersindical Valenciana, critica la gestión del gobierno municipal por desmantelar políticas de igualdad, servicios sociales y derechos fundamentales, denunciando problemas en infraestructuras educativas, eliminación de servicios LGTBI e insuficiente respuesta contra la violencia machista.

La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Valencia denuncia la emergencia habitacional en la ciudad, con 624 desahucios el año pasado, precios de alquiler inaccessibles (subidos 111% desde 2019 con media de 1.900 euros), parque público de viviendas ridículo (0,54%) y 36.959 viviendas vacías. Exigen un plan de choque con medidas reales, participación ciudadana estable y colaboración con administraciones.

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Beniferri agradece a la corporación municipal, especialmente a la alcaldesa y a los concejales de Deportes y Urbanismo, por impulsar un espacio multiusos en la pedanía y atender sus propuestas de mejora urbanística.

La coordinadora de Confemercats destaca los proyectos de mejora en los mercados municipales de València y subraya su importancia como espacios de vida social y tradición, solicitando mayor atención en limpieza, seguridad y accesibilidad.

Núria Cerveró, de Famílies pel Valencià, presenta datos que muestran que el 53-54% de familias valencianas elige el valenciano en la educación pública, denunciando la falta de garantía de derechos lingüísticos en casos como el CEIP Mestalla y exigiendo que el Ayuntamiento cumpla con la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Ciudadano de La Torre afectado por la dana que reclama a los políticos municipales que abandonen cálculos electorales, negocien entre ellos y respeten a los ciudadanos y asociaciones que participan en los plenos. Subraya que su recuperación tras la dana es psicológica además de material, y que la zona aún no está completamente reparada.

La presidenta de la AVV Fuensanta agradece las mejoras realizadas en el barrio, incluyendo la renovación del alumbrado público (560.000 euros), reparación de la iglesia, ampliación de aceras y control de plagas, así como la presencia de policía de barrio. Destaca que el barrio había sido olvidado durante años y reclama la creación de parques para los niños.

El representante de Associació Ciutadania i Comunicació critica la falta de gobernanza, conexión y escucha del gobierno municipal, denunciando problemas en participación ciudadana, gestión de subvenciones, normativas incumplidas, deshabitaje y desprecio por el valenciano como lengua de la ciudad.

El representante de la asociación de vecinos de Sociópolis felicita al Ayuntamiento por el plan de formación en emergencias y solicita que se continúe invirtiendo en infraestructuras y reconstrucción tras la catástrofe, considerando importante la educación ciudadana en emergencias.

El portavoz de la Asociación Vecinal La Roqueta denuncia la inseguridad creciente del barrio relacionada con el aumento de tráfico privado, la saturación por usos turísticos y la falta de medidas efectivas para resolver estos problemas. Reclama participación real, decisiones valientes para reducir la presión sobre el barrio, y uso social del monasterio de la Roqueta.

La Asociación Vecinal de Pla del Remei y Gran Vía solicita refuerzos en limpieza urbana, seguridad ciudadana, mejora de infraestructuras peatonales y renovación de equipamientos públicos en el Ensanche, destacando la carencia de centros de salud, bibliotecas e instalaciones deportivas en la zona.

Isabel Valentín Pedro, portavoz de la Asociación de Vecinos de Torrefiel, denuncia el abandono de Valencia señalando la crisis de vivienda por proliferación de apartamentos turísticos, el transporte público deficiente, la falta de limpieza urbana y mantenimiento, inseguridad vial, abandono de zonas verdes y promesas incumplidas en Torrefiel.

Marcos Pastor, en representación de la Asociación Vecinal Tres Forques, denuncia el déficit de servicios municipales en los barrios de Tres Forques y Vara de Quart (20.000 habitantes) y plantea propuestas concretas: la construcción de un Centro Cívico y la participación en el diseño del futuro del polígono industrial de Vara de Quart, dada la situación ambiental y de contaminación del barrio.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de València demanda medidas urgentes contra la crisis de vivienda, incluyendo la declaración de zona tensionada, conversión de alojamientos turísticos ilegales en viviendas, y una agencia municipal de alquiler. También reclama políticas de movilidad sostenible, protección del medio ambiente, refuerzo de servicios sociales y aceleración de la recuperación tras la DANA.

Noelia Rojas, vicepresidenta del Consell de la Joventut de València, reclama una mayor implicación real del Ajuntamiento a través de codiseño y cogestión, recursos estables, salud mental preventiva y ocupación digna, enfatizando que la juventud no es un adorno sino una actora legítima en las decisiones públicas.

La representante de FAMPA València reclama la recuperación del proyecto de caminos escolares seguros, cuestiona el distrito único por aumentar el tráfico, solicita un programa ambicioso de instalaciones deportivas para la juventud en todos los barrios, y pide especial atención a los colegios afectados por la dana, incluyendo reparaciones urgentes en Castellar-Oliveral y mejoras en el colegio Padre Manjón.

La Unión de Consumidores de València presenta propuestas constructivas para abordar los principales retos de la ciudad: vivienda asequible, turismo sostenible, medio ambiente, mobilidad y comercio local, enfatizando la necesidad de consenso y colaboración entre administraciones.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico solicita la instalación de cámaras de seguridad tanto en el Centro como en el Ensanche, destacando sus beneficios para reducir delitos y proteger el patrimonio, y pide un refuerzo en los servicios de limpieza urbana con mayor presupuesto y ampliación de plataformas móviles de recogida de residuos.

El presidente de la Asociación Hispanos sin Fronteras en València agradece el apoyo municipal para la integración de comunidades hispanas, destacando el liderazgo inclusivo de la alcaldesa y el trabajo de las concejalías de Servicios Sociales y Cultura en la promoción de la diversidad.

El representante de la Asociación de Vecinos de Marxalenes solicita información sobre el estado administrativo del expediente de rehabilitación de las alquerías de la calle Olba, que aparentemente estaría paralizado tras las catas arqueológicas.

Denuncian el aumento del racismo, la morofobia y la islamofobia en València. El Hadri recuerda a la alcaldesa su promesa de gobernar para todas las personas. Tabib, joven valenciana de origen marroquí, exige no tener que vivir con miedo por llevar hijab.

Familias de la Lonja de Pescadores piden seguridad jurídica y la compra del suelo donde viven desde hace generaciones, tras perder la concesión y la propiedad judicial del vuelo a favor del Ayuntamiento.

Eduardo Bejar, de la Plataforma Intercultural de España, denuncia los discursos de odio y las propuestas de deportación de inmigrantes como hechos agitadores que generan animadversión, destacando que más de 200.000 personas migrantes en València contribuyen a la mejora de la ciudad.

Una madre de la asociación Chrysallis denuncia los recortes a la Ley trans valenciana y pide al ayuntamiento que defienda públicamente los derechos de menores y adolescentes trans, rechazando la crueldad institucional y garantizando espacios seguros para toda la diversidad.

El representante del Club Esportiu LGBTI Dracs de València critica duramente la reforma de la Ley de Autodeterminación de Género de la Comunitat Valenciana, acusando al PP-Vox de transfobia vestida de lenguaje jurídico que segrega y recorta derechos de personas trans en deporte y educación, comparándola con leyes de segregación racial estadounidenses.

El Col·lectiu Lambda critica la hipocresia de l'Ajuntament en les polítiques LGTBI, denunciant l'ocultació d'iniciatives de visibilitat i el suport a retallades de drets del col·lectiu LGTBIQA+, especialment relacionades amb la Llei trans valenciana destruïda pel PP i Vox.

Intersindical Valenciana apoya la moción de Compromís en defensa de una educación inclusiva y respetuosa con la diversidad, denunciando la eliminación del servicio Infosex y la parálisis del Plan Diversidades por el actual gobierno de PP y Vox, considerando estas medidas regresivas en derechos LGTBI y perjudiciales para la salud mental de menores.

Kristal Calvo Leyba, representante del Consell Consultiu Trans de CCOO PV, denuncia que las enmiendas pactadas entre PP y Vox a la Ley Trans de la Comunidad Valenciana eliminan garantías de derechos humanos para personas trans, invisibilizan el consejo consultivo y abre la puerta a asociaciones opuestas a estos derechos. Solicita la aplicación del Real Decreto 1026/2024 sobre medidas de igualdad y no discriminación LGTBI en empresas.

Javier Gil Quintana del Club Samarucs reflexiona sobre el sentido del Orgullo LGTBI, argumentando que es importante como espacio de seguridad para menores trans, visibilización de la diversidad y protesta democrática contra recortes de derechos.

El Consell de la Joventut de València exige acciones concretas del Ayuntamiento contra los discursos de odio hacia el colectivo LGTBIQ+, incluyendo educación sexual y afectiva en centros educativos y medidas de protección para jóvenes vulnerables.

La presidenta de la Peña Valencianista LGTBI denuncia la reforma de la Ley trans valenciana como un retroceso en derechos y exige que Mestalla sea un espacio seguro e inclusivo para todas las personas, rechazando la invisibilización del colectivo LGTBIQA+.

Seis asociaciones vecinales del entorno de Blasco Ibáñez rechazan el proyecto BRT actual y solicitan modificaciones que eviten la pérdida de aparcamientos y problemas de seguridad vial, demandando mayor participación ciudadana en el proceso.

Ahmed Hamdan, miembro de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, palestino residente en Valencia, denuncia los crímenes de guerra en Gaza y pide al consistorio que impida el tránsito de armamento por el puerto de la ciudad, prohíba relaciones con Israel y aplique sanciones concretas.

Representante de Jovesolides insta al pleno a posicionarse por un alto el fuego inmediato en Palestina, condenar a Netanyahu y permitir la entrada de ayuda humanitaria, estableciendo un paralelo con la solidaridad mostrada tras la dana de octubre.

Representantes de plataformas sociales palestinas comparecen por tercera vez ante el pleno solicitando que no voten contra un alto al fuego en Gaza, denunciando lo que califican como genocidio y rechazando justificaciones basadas en eventos anteriores.

Sergio Peligero, representante de STE-Intersindical y miembro de la asociación Nadie sin Casa, critica las declaraciones de ediles sobre personas sin hogar en el río Turia y demanda que se incluya a las personas sin techo en la toma de decisiones sobre políticas sociales, señalando que hay 2.500 personas sin hogar en la ciudad.

Un extrabajador del Centre del Carme, albergue para personas sin hogar de baja exigencia, denuncia el cierre del centro sin ofrecer alternativas reales a los siete últimos usuarios, cuestionando la coherencia de cerrar por falta de seguridad pero abrirlo en emergencias, y criticando que la ampliación de plazas en el CIBE no puede replicar la atención personalizada que ofrecía el centro público.

La representante del sindicato de educación rechaza las enmiendas que van contra los derechos de las personas LGTBI+, especialmente trans y menores trans, y pide que se priorice la defensa de derechos humanos sobre la disciplina de voto.

Raquel Viguer, madre de menores trans y delegada de Chrysallis, interpela a la alcaldesa contra la derogación de la Ley trans valenciana 8/2017 mediante enmiendas que eliminarían protecciones para menores trans en educación, sanidad y deporte. A través de casos reales, denuncia que estas reformas dejan indefensas a familias trans y vulneran derechos humanos fundamentales.

Javier Gil Quintana, de Samarucs, denuncia la modificación de la Ley trans valenciana impulsada por PP y Vox, adviriendo sobre los delitos de odio contra personas LGTBI y los efectos negativos de una normativa que estigmatiza a las personas trans y limita contenidos educativos sobre diversidad.

Juan Francisco Fernández Hernández, del Col·lectiu Lambda, interpela directamente a la alcaldesa María José Català para que tome posición sobre la reforma de la Ley Trans que se votará en las Cortes, alertando que supone un ataque a la dignidad de las personas trans y un apartheid trans institucionalizado, especialmente contradictorio dado que Valencia acogerá los Gay Games 2026.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ denuncia el acoso escolar, la violencia y el suicidio de menores LGTBI+ como consecuencia del odio social e institucional, exigiendo compromiso político real y protección efectiva de derechos fundamentales.

Cristóbal Aguado Sanchis, en representación de la Asociación de Vecinos de la Petxina y la Plataforma del Corredor Verde, presenta un manifiesto con más de 43.000 firmas exigiendo que el proyecto del Corredor Verde se desarrolle sin tráfico rodado, como propone el proyecto ganador del concurso, y denuncia la intención del Ayuntamiento de reservar el 30% de zonas verdes para vehículos privados.

Veterinario en representación de la Plataforma Vecinal Barrio de Penya-roja denuncia la normativa de medicamentos del Ministerio de Agricultura por ser excesivamente restrictiva, criminalizar a los veterinarios y poner en riesgo la salud animal, reclamando diálogo y flexibilidad en la aplicación de criterios científicos profesionales.

El sindicato CCOO PV denuncia la falta crítica de personal en los centros municipales de servicios sociales de Valencia, con listas de espera de meses, profesionales sobrecargados de expedientes y servicios que no pueden expandirse al turno de tarde, solicitando una dotación inmediata de recursos humanos.

El representante de la asociación de vecinos de la Petxina exige la eliminación del túnel de Pérez Galdós como parte de la reforma de la avenida, argumentando que el proyecto actual incumple los objetivos originales y propone una prueba de cierre táctica durante las obras para demostrar su viabilidad. Solicita al consistorio claridad y compromiso sobre la supresión del túnel antes de finalizar la reforma.

La asociación de vecinos demanda la eliminación simultánea del túnel de Pérez Galdós con la reforma integral de la avenida, citando estudios de la UPV que evidencian problemas estructurales y un tráfico insostenible que vulnera el derecho a la salud por contaminación y ruido.

El Observatorio Valenciano de las Migraciones denuncia la separación de familias migrantes en los procesos de acogida municipal, donde solo se acoge a madres e hijos dejando a los padres en la calle. Solicita que el Ayuntamiento dedique recursos para proteger derechos de menores y familias migrantes, cumpliendo con la legalidad y tratamientos más humanos.

Roland Carlos Montenegro Peredo, presidente de la Asociación Hispanos sin Fronteras en València, presenta la labor de su entidad en favor de la integración sociocultural de personas migrantes mediante programas legales, sociales, culturales y deportivos, expresando su compromiso con el nuevo Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales.

Luz Eliana Garzón, vicepresidenta de la Asociación Intercultural Mundo Solidario, interviene para resaltar el trabajo de inclusión de migrantes y personas con discapacidad en Valencia, reclamando ser parte activa de la sociedad con voz y voto, no como ciudadanos de segunda clase.

La Plataforma Intercultural de España manifiesta su disconformidad con la disolución del Consejo de Inmigración y su integración en el nuevo Consejo de Inclusión y Derechos Sociales, que reduce la representación de más de 60 entidades migrantes a solo 3, dejando sin voz a numerosas comunidades inmigrantes de la ciudad de València.

La Asociación de Vecinos de Beniferri expresa su preocupación por el aumento de volumetría previsto en el nuevo plan urbanístico de Campanar-Beniferri, solicitando que se mantenga la idiosincrasia histórica de la pedanía. Agradecen las reuniones mantenidas con el concejal de Urbanismo y confían en que sus alegaciones sean consideradas en la propuesta definitiva.

El sindicato docente STA-Intersindical denuncia la nefasta gestión de la DANA en los centros educativos de las pedanías del sur, con gimnasios inoperativos, mobiliario sin reponer y falta de financiación.

Denuncia el abandono institucional hacia personas migrantes tras la DANA, el empadronamiento como herramienta de exclusión, y exige políticas antirracistas y regularización inmediata.

Segunda intervención de Sancanuto defendiendo que las entidades ciudadanas hacen política legítima, exigiendo participación real y denunciando la campaña turística que perjudicó al Palmar tras la DANA.

Representante de Castellar-l'Oliveral critica la falta de participación ciudadana real en la reconstrucción post-DANA y propone eliminar barreras al drenaje, recuperar la ley de la huerta y crear una mesa de seguimiento.

La presidenta de la Asociación de Vecinos del Forn d'Alcedo solicita mejoras tras la dana: una vía ciclopeatonal que cruce el nuevo cauce del Turia, sistemas de drenaje en la V-31, paralización de la ampliación del polígono industrial para construir viviendas, y un canal de comunicación sobre intervenciones para evitar futuros desbordamientos.

Pide la recuperación de las huertas urbanas de género en Sociópolis destruidas por la DANA, como espacio de justicia social, inclusión e interculturalidad para mujeres migrantes.

Cáritas agradece la coordinación con el Ayuntamiento en la atención a afectados por la DANA, valora la Mesa de Coordinación Social y el futuro centro social de La Torre.

Vecina de Sant Marcel·lí exige un nuevo centro de salud en Sociópolis con médicos fijos, y denuncia el abandono de La Torre frente al centro de la ciudad.

Cintia Sancanuto denuncia el abandono sistemático de los pueblos del sur de Valencia ante la dana, exigiendo justicia, servicios básicos, participación ciudadana vinculante y un modelo urbano que priorice a las personas sobre intereses económicos y turísticos.

Vecino de Sociópolis reconoce mejoras recientes en limpieza pero denuncia la lentitud del Consorcio para habilitar ascensores y garajes, y pide apostar por el futuro del barrio.

Exige la regularización inmediata de personas migrantes afectadas por la DANA, denuncia los discursos de odio y reivindica el papel de las entidades migrantes en la reconstrucción.

El director deportivo del Discóbolo La Torre expresa gratitud por la rápida reconstrucción del campo de fútbol tras la DANA, destacando su valor como herramienta de integración, inclusión y alegría para los niños del barrio.

Vecino migrante de La Torre denuncia la crisis de vivienda agravada por la DANA, la imposibilidad de competir en el mercado inmobiliario y la ineficacia de las solicitudes de vivienda social.

Nadia Tabib Chouitar, representante de Casa Marruecos, denuncia la falta de reconocimiento institucional y la estigmatización de la población migrante tras la dana, destacando el trabajo de autoorganización de entidades migrantes que proporcionaron ayuda sin recursos ni apoyo oficial.

Vecina de La Torre denuncia el abandono de las pedanías del sur tras la DANA, la falta de coordinación en la gestión de ayudas, y reclama transporte, viviendas asequibles, centro cultural y deportivo.

Norman Ortells, portaveu de l'AVV de la Torre, critica la falta de participació real, el retard en les promeses (biblioteca i centre de serveis socials), i l'incompliment del compromís sobre els fons EDIL Dana. Denuncia que sis mesos després de la tragèdia les coses no han avansat i reclama accions constructives.

Representante del AMPA del CP Padre Manjón denuncia que seis meses después de la DANA nada ha cambiado en La Torre, exige inversiones reales y acciones preventivas ante futuras riadas.

Elvira Puchades, vecina de La Torre, critica la falta de respuesta del Ayuntamiento tras la DANA, denunciando que las pedanías del sur reciben trato de ciudadanos de segunda categoría y que las medidas adoptadas son insuficientes, mientras reclama igualdad de derechos.

Exige al Gobierno de España un compromiso firme con el soterramiento de las vías de Serrería, denunciando el aislamiento crónico del barrio de Nazaret y reclamando igualdad de trato respecto a otras ciudades.

Felicita a la alcaldesa por defender el soterramiento de Serrería pero exige coherencia: pide aplicar los mismos principios de desarrollo urbano sostenible para eliminar el túnel de Pérez Galdós, advirtiendo del riesgo de perder fondos europeos.

Reclama una ciudad más social y preocupada por el medio ambiente y los vecinos, apoyando la eliminación del túnel de Pérez Galdós y solidarizándose con los vecinos de Serrería.

Vecino de Faitanar denuncia la degradación de la huerta tras la DANA, la falta de riego, agua potable, alcantarillado, iluminación y presencia policial, y pide integrar actividades que acerquen la ciudad a la huerta.

Miguel Sánchez, presidente de la AV La Roqueta, critica la falta de coordinación institucional respecto a las infraestructuras de la ciudad, especialmente los túneles de Serrería, Pérez Galdós-Giorgeta y Guillén de Castro, pidiendo documentos vinculantes para garantizar su eliminación en lugar de convertirlos en moneda política.

Vecina de La Torre denuncia la nefasta gestión municipal tras la DANA, reclama un centro cultural, escuela infantil municipal y piscina municipal para el barrio, y exige que la alcaldesa atienda las necesidades de los ciudadanos.

Representante de la Asociación de Vecinos de Penya-roja reclama la urgente reanudación del soterramiento de las vías de Serrería, una obra comprometida hace 33 años que divide los barrios de Penya-roja, Grao y Nazaret. Solicita transparencia en los estudios técnicos, compromiso político firme entre Ayuntamiento y Ministerio, y respeto a los vecinos.

Labrador de Faitanar denuncia la devastación de la DANA, la falta de agua potable, alcantarillado, presencia policial y riego seis meses después, y pregunta por qué el Ayuntamiento no forma parte de la Plataforma por el Soterramiento de las vías.

FAMPA València se opone a votar sobre la lengua vehicular en las escuelas públicas, considerando que el sistema actual de enseñanza bilingüe funciona correctamente y permite a los alumnos competencias similares en valenciano y castellano.

La Asociación de Vecinos de Campanar reclama la creación de un centro cívico municipal y un centro de Universidad Popular para paliar el déficit de infraestructuras culturales y educativas del barrio.

Representante de Asociación Mesura presenta análisis de incremento de tráfico y contaminación en València, y propone cuatro medidas concretas: crear comisión de seguimiento de la zona de bajas emisiones, coordinar con MITECO, establecer aranceles portuarios y priorizar estacionamiento para residentes locales.

El representante del sector del taxi solicita que el Ayuntamiento traslade la regulación de la LOTT para que las VTC solo realicen transporte interurbano, exigiendo un concurso público para las licencias urbanas y evitando que empresas externas se lleven beneficios, protegiéndose así este servicio público de interés general.

El representante de la Asociación de Vecinos de La Torre critica la insuficiencia de frecuencias en transporte público, especialmente en la línea 27, y cuestiona la limitación de 60 viajes mensuales de la tarjeta EMT con tu. Propone una nueva línea transversal que conecte los pueblos del sur de la ciudad desde Pinedo hasta el intercambiador de Valencia Sur.

El representante de la Asociación de Vecinos de la Torre demanda un estudio integral de las necesidades de vivienda en el barrio, especialmente en plantas bajas con condiciones infrahumanas, y critica la falta de ayudas económicas directas del Ayuntamiento para realojamientos y rehabilitación tras la DANA.

La Asociación Vecinal de La Petxina solicita la reapertura inmediata del Complex Esportiu Cultural Petxina, cerrado por obras de reparación de la cubierta de la piscina, destacando que las salas de fitness no fueron afectadas y que la falta de planificación ha dejado el centro sin gestión.

Representante de la Plataforma Orriols en Lucha denuncia incumplimiento de promesas municipales en temas de servicios sociales, urbanismo, seguridad y cierre prolongado del polideportivo, reclamando igualdad de servicios y dignidad para el barrio.

Un agricultor de Castellar perteneciente a AVA-ASAJA solicita al Ayuntamiento que no abandone el sector agrícola tras la dana, criticando la Ley de la Huerta por ser impuesta y burocrática, y demandando acciones decididas e inmediatas para preservar la Huerta de Valencia y la Albufera.

El representante de AVA-ASAJA solicita la revisión de la Ley de la Huerta Protegida de 2018, alegando que ha perjudicado a los agricultores y que el 75% de la huerta en Castellar-l'Oliveral está abandonada, situación agravada por los daños de la dana.

Representante de la Asociación Cultural Cruces de Mayo de La Torre agradece el apoyo municipal en la emergencia pero denuncia los problemas de comunicación del Consorcio y la falta de agilidad en la devolución de bienes y compensaciones económicas a los ciudadanos afectados por la dana.

Piedad Ruiz destaca la labor del Ayuntamiento de València en la respuesta a la riada del 29 de octubre de 2024 en La Torre, incluyendo la distribución de alimentos (26.000 raciones), asistencia domiciliaria, reparto de productos de limpieza y coordnación con servicios sociales y organizaciones. Agradece el despliegue de medios y la presencia continua de la administración en la recuperación de la pedanía.

La representante de la pedanía de Forn d'Alcedo denuncia que el 85% del presupuesto de reconstrucción de 3.970.542 euros se destina al polígono industrial, dejando solo el 15% para el resto de la pedanía, y reclama reivindicaciones irrenunciables como una pasarela hacia Malilla, paralización de la ampliación industrial y solución de drenajes en muros que causaron inundaciones.

El portavoz de la AV La Torre denuncia insultos recibidos por la presidenta y él mismo, defiende el trabajo de la asociación como intermediaria entre vecinos y administración, y propone la creación de comités de seguimiento con comunicación fluida para mejorar la gestión del barrio, presentando como ejemplo un proyecto de cartografía de parcelas para identificar problemas de residuos.

La Asociación de Vecinos de Torrefiel se opone a la construcción de torres de 15, 10 y 9 plantas en las parcelas destinadas a espacios verdes, considerando que causaría masificación, especulación inmobiliaria y falta de accesibilidad en viviendas, además de cuestionar la ubicación del nuevo campo de fútbol.

El representante del barrio de Sant Jordi denuncia el abandono total de las instituciones tras la DANA, la falta de ayuda de emergencia y las deficiencias crónicas en infraestructuras básicas como agua potable y alcantarillado, exigiendo atención inmediata a un barrio que califica de invisible y olvidado.

El representante de los vecinos de La Torre denuncia la gestión deficiente de la emergencia por el desastre natural del 29 de octubre, la falta de comunicación y transparencia por parte del Ayuntamiento, y exige un plan integral de recuperación que mejore las infraestructuras, servicios y seguridad del barrio.

Un vecino de la Huerta Sur de València reclama atención a los daños causados por la dana en su zona, incluyendo problemas de riego, infraestructuras agrícolas, falta de transporte público, iluminación y presencia policial. Solicita la reconstrucción de la huerta con espíritu de conservación del paisaje cultural y valor ambiental.

FAMPA València demanda medidas urgentes para la recuperación educativa tras la emergencia, incluyendo apoyo psicológico, refuerzo escolar y recursos materiales para los centros afectados, denunciando la apertura de escuelas sin certificados de seguridad y la ausencia de liderazgo político.

FAMPA València denuncia las graves deficiencias en las condiciones de seguridad y recursos en los centros educativos de las zonas afectadas por la dana, exigiendo al Ayuntamiento movilizar recursos para material escolar, apoyo psicológico y refuerzo educativo.

La representante de la AV Castellar-l'Oliveral expone las vulnerabilidades de los barrios afectados por la Dana y solicita la actualización participativa de planes de emergencia, normativas urbanísticas y de inundaciones, así como mejora integral de servicios y planificación territorial coherente.

Marcos Pla Sáez, en representación de Acció Ecologista-Agró, cuestiona la eliminación de una subvención de 47.500 euros anuales destinada a un convenio de colaboración para la gestión del tancat de la Pipa en el Parque Natural de la Albufera, que ha permitido realizar actividades educativas y de sensibilización ambiental durante siete años, y que ahora se transforma en una única subvención nominativa para SEO BirdLife sin comunicación previa.

Hostelería Valencia apoya la normativa de gestión integral del litoral autonómico y solicita que la Generalitat asuma competencias sobre autorización de concesiones en dominio público marítimo, respetando los establecimientos hosteleros de más de 40 años y la protección ambiental.

El representante de la Asociación de Vecinos la Raïosa denuncia las graves deficiencias de servicios básicos en el barrio (falta de colegio público, ambulatorio y policía de barrio) y la terrible contaminación acústica producida por el ferrocarril, aviones y otros focos, solicitando apoyo municipal para implementar un corredor verde que dignifique la avenida García Lorca.

Beatriu Cardona, en representación de Intersindical Valenciana y la Coordinadora Feminista de València, denuncia retrocesos en igualdad y censura sufrida durante el pleno anterior, pidiendo disculpas públicas y cese de responsables.

El Sr. Ascione, en representación de los vecinos de La Raïosa, cuestiona el actual diseño de la ciudad orientado al automóvil y demanda que el bulevar García Lorca sea convertido en una vía verde con espacios para peatones, parques y naturaleza en lugar de ampliar las vías para vehículos, argumentando que es fundamental para la salud de los vecinos y para consolidar a Valencia como Capital Verde Europea.

La Asociación Veïnal de Sant Marcel·lí rechaza la construcción de un nuevo bulevar hacia el este-sur del barrio, argumentando que ya existe saturación de tráfico en todas las orientaciones. Proponen en su lugar la creación de un cinturón verde en la zona meridional.

Consuelo Ramón Genovés, en representación de las asociaciones Poble de Benimaclet y Veïns de Benimaclet, defiende el PAI de Benimaclet como necesario para resolver la crisis de vivienda asequible en la ciudad, destacando que son 1.345 viviendas de las que 400 serán VPP, y que el proyecto también aportará equipamientos, servicios y aparcamiento que el barrio necesita, aunque pide que se ejecuten las actuaciones solicitadas en la presente legislatura.

La Asociación de Vecinos Abastos-Finca Roja expresa su descontento por los retrasos y cambios en la reforma integral de la avenida Pérez Galdós-Giorgeta, criticando que se priorice el tráfico vehicular sobre la renaturalización y la salud ciudadana, y demandando que se escuche al vecindario en la toma de decisiones.

El presidente de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública expone la crisis de acceso a la vivienda en alquiler en València, denunciando el incremento desproporcionado de precios de alquiler, la escasez de vivienda protegida y demanda mayor regulación municipal.

Representante de la Asociación de Vecinos de la Devesa del Saler agradece las actuaciones del gobierno local en materia de seguridad, iluminación, mantenimiento vial y prevención de incendios, enfatizando la importancia de una gestión integral y sostenible del territorio que considere a sus habitantes.

La Coordinadora Feminista de València critica al gobierno municipal por su abandono de las políticas de igualdad y su falta de respuesta ante la violencia machista, exigiendo programas de ocupación con perspectiva feminista, reconocimiento de la violencia de género y la restauración del Consejo de Participación Ciudadana.

FANUCOVA presenta demandas de las familias numerosas de Valencia (12.500 familias) valorando avances como la bonificación del IBI y la creación de la Concejalía de Familia, pero señalando carencias en vivienda, transporte, tasas y políticas de conciliación.

Juan Francisco Fernández Hernández, del Colectivo Lambda, critica la falta de políticas reales hacia el colectivo LGTBI más allá de los eventos puntuales como los Gay Games y el Orgullo, denunciando la ausencia de visibilidad para personas intersex y mujeres lesbianas, la falta de reuniones sobre cuestiones del convenio firmado, y supuestas amenazas de corte de financiación si no se plegaban a las intenciones del Ayuntamiento.

Pilar López García, como vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de la Fuensanta, agradece las mejoras realizadas en el barrio, destacando las inversiones en alumbrado público (142.000 euros en 2023 y 420.000 euros en 2024) y la preservación del ambulatorio local, argumentando que se están revirtiendo años de abandono.

La asociación de vecinos de La Petxina solicita la revocación de los cambios en la superilla que han incrementado el tráfico, la creación de más espacios verdes, un centro municipal para mayores, mejoras en infraestructuras y la eliminación de túneles para reducir la contaminación acústica.

La Fundación CEPAIM denuncia la falta de recursos y personal en los servicios sociales municipales para atender a familias con menores en situación de calle y extrema vulnerabilidad, demandando más recursos y capacidad de intervención.

CEAR y CEPAIM denuncian obstáculos en el acceso al padrón municipal para personas migrantes y refugiadas en Valencia, incluyendo requisitos excesivos, demoras en procedimientos especiales y pérdida de empadronamiento sin notificación previa, lo que afecta gravemente al acceso a derechos básicos y servicios públicos.

La Asociación de Vecinos de Penya-roja valora positivamente los avances en infraestructuras y servicios municipales, pero demanda mejoras en aceras, iluminación, contaminación acústica, transporte público, un nuevo centro sanitario, la rehabilitación de la Alquería del Tenis y la creación del jardín Tres de Abril, además de pedir la revocación de la licencia de una discoteca.

La presidenta de la Federación Vecinal de València reclama un reglamento de participación, regulación de apartamentos turísticos ilegales, mejora de la movilidad sostenible, soterramiento de vías y presencia de policía de barrio, enfatizando la necesidad de una ciudad verde, habitable y con derecho a la vivienda digna.

La Asociación València Acull denuncia el aumento alarmante de delitos de odio, discursos racistas y xenófobos en la ciudad, que afectan especialmente a personas migrantes en el barrio de Orriols, y critica que representantes institucionales amplíen estos mensajes discriminatorios.

El presidente de la Asociación de Vecinos de la Roqueta critica duramente la gestión del Ayuntamiento durante el primer año de mandato, denunciando falta de voluntad política en movilidad, contaminación ambiental, proyectos urbanísticos paralizados y la crisis de vivienda provocada por pisos turísticos, calificando la relación con el gobierno municipal con una nota de 2 sobre 10.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Malilla critica la falta de información ciudadana sobre el proyecto del Corredor Verde y rechaza la intención del Ayuntamiento de convertir el espacio de las vías soterridas en carriles de circulación vehicular en lugar de un espacio verde, contradictorio con el título de Capital Verde Europea.

FAMPA València, representante del 80% de las AMPA de la ciudad, protesta contra la aprobación del distrito único sin consenso, demanda diálogo sobre cierres de aulas, paralización del Plan Edificant y problemas de infraestructura en centros públicos.

El presidente del Consell de la Joventut de València presenta las preocupaciones principales de los jóvenes: crisis de vivienda (alquiler superior a 1.000 euros), desempleo juvenil del 25%, precariedad laboral y demanda de participación activa en las políticas municipales que les afecten.

Francisco Fernández, en nombre del Col·lectiu Lambda, denuncia les ingerències, coaccions i mentides de l'administració municipal en l'organització de l'Orgull LGTBI de València el 2024, reclamant confiança i respecte pels col·lectius LGTBI.

Raquel Viguer, en representación de Chrysallis, denuncia la falta de apoyo institucional a las familias y menores de edad trans, criticando acciones del gobierno que estigmatizan y censuran contenido sobre diversidad afectivo-sexual.

El representante de la Fundación València Diversitat denuncia la exclusión de las entidades LGTBI del proyecto de organización de los Gay Games València 2026 por parte del gobierno municipal, criticando la falta de garantías reales en materia de derechos trans y diversidad, y exigiendo un compromiso contractual vinculante en lugar de promesas verbales.

La Asociación de Vecinos de La Petxina rechaza enérgicamente los cambios realizados en la superilla del barrio que favorecen el tráfico vehicular, solicitando la eliminación de plazas de aparcamiento y la restauración del espacio público para peatones. Advierten sobre el riesgo de perder 3,5 millones de euros en financiación europea si se continúa modificando el proyecto original.

La Coordinadora de ONGDs presenta 10 reivindicaciones en representación de 114 entidades bajo el lema 'Valencia con Palestina', demandando al Ayuntamiento el alto el fuego inmediato, la condena al Estado de Israel por crímenes de guerra, la suspensión de acuerdos comerciales y embargo de armas, entre otras medidas.

BDS País Valenciano demanda que el Ayuntamiento de Valencia inste al Gobierno de España a detener la venta de armas a Israel y romper relaciones diplomáticas, además de suspender la colaboración con instituciones y empresas israelíes que se lucran de crímenes de lesa humanidad.

Boutaina El Hadri, portavoz de la Plataforma València amb Palestina, insta al Ayuntamiento a exigir un alto al fuego inmediato en Gaza, denunciando la masacre de civiles como genocidio y pidiendo que València se sume al reclamo internacional para detener la violencia.

Representante de la Delegación de Peñas del Levante UD solicita apoyo institucional para la reforma de los Estatutos de la Fundación, con el objetivo de garantizar la independencia y representatividad democrática en la elección de patronos, ante la ampliación de capital que supondrá la entrada de un inversor externo.

El presidente de la Asociación de Vecinos La Roqueta apoya la eliminación del túnel de Pérez Galdós-Giorgeta como parte de la transformación urbana necesaria para Valencia, criticando los retrasos de diez meses en el proyecto y cuestionando la gestión municipal y los informes contradictorios sobre el impacto en el tráfico.

Representantes de varias asociaciones de vecinos demandan la eliminación inmediata del túnel de la avenida Pérez Galdós-Giorgeta, argumentando que divide a miles de vecinos y genera graves problemas de accesibilidad, contaminación acústica y ambiental que afectan especialmente a personas mayores y con movilidad reducida.

José Antonio Pérez Alonso, en nombre de la Unión de Consumidores de València, critica la falta de protección municipal hacia el Valencia CF, acusando a la administración de gobernar de espaldas al pueblo y permitir que Peter Lim engañe a la ciudad con un proyecto faraónico e indigno de Valencia que podría llevar al club a su desaparición.

La Asociación de Vecinos de Campanar solicita que los acuerdos verbales alcanzados con el equipo redactor del plan urbanístico, especialmente respecto a la parcelación de la zona donde se monta el circo y el sistema de actuación, queden reflejados en los planos para evitar depender de alegaciones posteriores.

La Asociación de Vecinos Arrancapins-La Petxina defiende el proyecto de supermanzana peatonal como beneficioso para el barrio, reconociendo mejoras necesarias como señalética clara y la implementación de estacionamiento regulado para resolver problemas de aparcamiento de los vecinos.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Roqueta solicita la implementación de supermanzanas y proyectos de transformación urbana en el barrio, destacando la falta de espacio verde (0,64 m² por habitante) y el aumento del tráfico. Reclama la activación del Bulevar Cultural, mejoras en la calle Jesús y mejor coordinación entre ORA y Policía Local.

Francisca Rabal Miquel, en representación de la Fundación ACM, realiza una intervención crítica sobre la Ley de la Concordia municipal, cuestionando por qué solo se protege a las nuevas generaciones de visiones sesgadas cuando su generación fue educada bajo una única versión oficial de la historia del franquismo. Relata el caso personal de su abuelo, fusilado en 1940 por sus ideas, y reclama que España sea clara con su pasado histórico, reconociendo las brutalidades del régimen y enseñando todas las versiones en colegios y universidades, como hacen otros países como Alemania o Argentina.

Los comerciantes del mercado de Colón solicitan apoyo para una moción que rectifique el gravamen del IBI impuesto retroactivamente desde 2020, argumentando que representa una discriminación única en la ciudad y amenaza la viabilidad de negocios con más de un siglo de historia.

Fernando del Molino, en representación de la Federación Sindical del Taxi, reclama apoyo municipal contra los servicios VTC no autorizados, pide que no se modifique la Ordenanza de Movilidad artículo 53.bis mientras está en recursos en el Supremo, y señala problemas de acceso a la estación de AVE para los taxis.

El nuevo presidente del Consejo de la Juventud de València solicita la inclusión de su entidad en el Consejo Social de la Ciudad, argumentando que representan a más de 40 entidades juveniles y que su participación es fundamental para promover la participación activa de los jóvenes en los asuntos públicos.

Esther Fornell denuncia el incremento de hasta el 40% en las rentas de alquiler de viviendas públicas de AUMSA para 530 familias sin previo aviso, solicitando la prórroga del acuerdo anterior.

El presidente de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública critica la modificación del acuerdo de alquiler en AUMSA, argumentando que daña a 530 familias de bajos ingresos al no aplicar el modelo de pago según ingresos y aumentar los precios de alquiler de forma desproporcionada.

El director de la revista infantil Camacuc presenta la publicación, destacando su importancia como herramienta para fomentar la lectura en valenciano entre los niños, y propone dedicarle una calle o escuela en la ciudad como homenaje a sus 40 años de trayectoria.

La coordinadora de educación en valenciano solicita al Ayuntamiento que facilite la celebración de la 37ª Encontrada de Escuelas en Valenciano en la ciudad, lamentando la falta de respuesta desde junio a sus solicitudes de reunión.

El Sr. Pardiñas Vidal, representante de la Societat Coral El Micalet, expone la preocupación de la entidad centenaria por la retirada de la subvención nominativa del Ayuntamiento, solicitando la revisión de criterios para mantener sus servicios educativos, musicales y culturales de calidad.

El representante de FAMPA València reclama que el Ayuntamiento se oponga a la eliminación de la distancia mínima de 850 metros entre institutos y casas de apuestas, argumentando que aumentaría el riesgo de ludopatía en adolescentes. Denuncia que la organización no ha sido consultada pese a representar al 73% de las AMPA de colegios públicos.

Representantes de Intersindical argumentan en apoyo de las mociones presentadas contra la eliminación de restricciones de ubicación de casas de juego cerca de centros educativos, destacando los riesgos para menores incluyendo ludopatia, problemas de salud mental, aislamiento social y seguridad, y los impactos pedagógicos negativos.

Representante de Mesura, CAVECOVA y València per l'aire ofrece colaboración en la implementación de la zona de bajas emisiones, advirtiendo sobre la necesidad de cumplir la normativa y ofreciendo apoyo técnico como observador junto a entidades europeas. Realiza críticas sobre la gestión de datos de contaminación y solicita que la bicicleta no sea apropiada por ningún concejal específico.

El catedrático José Vicente Oliver, en representación de la Asociación Mesura, presenta los resultados científicos de su grupo de investigación sobre calidad del aire en Valencia, demostrando que el 49% de ubicaciones evaluadas superan los límites de NO2 establecidos por la Directiva Europea, y solicita que estos datos rigurosos se consideren en el diseño de la zona de bajas emisiones.

Procuradores y abogados solicitan apoyo para una pasarela al RETA que permita jubilaciones dignas, denunciando pensiones insuficientes (280-480 euros), discriminación de género y falta de protecciones laborales en su profesión.

Pepa Ferrero Tomás, descendiente de víctimas del franquismo y nazismo, denuncia las declaraciones de un concejal de Vox por normalizar el nazismo, defendiendo las leyes de memoria democrática y criticando la complicidad del gobierno municipal con este partido.

Boutaina El Hadri, representante de Jovesólides y Casa Marruecos, realiza un emotivo llamamiento al pleno municipal para que tomen medidas contra el genocidio en Gaza, dirigiéndose especialmente a las mujeres concejales como madres y pidiendo que no caigan en la indiferencia ante la crisis humanitaria.

Representante de BDS País Valenciano reclama el fin del genocidio en Gaza, el cese de la venta de armas a Israel y el cumplimiento de resoluciones de la ONU, argumentando que Israel constituye un régimen de apartheid y que la solidaridad internacional es urgente.

La Asociación Por ti Mujer solicita al Pleno compromiso institucional para combatir la violencia de género, destacando que 52 mujeres fueron asesinadas en 2023, con sobrerrepresentación de migrantes (43%), requiriendo políticas integrales, prevención y protección para supervivientes.

La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar cuestiona la ampliación portuaria argumentando que ha incumplido promesas históricas de no afectar a las playas y demanda repensar el modelo de ciudad-puerto priorizando los intereses generales sobre los particulares de Valenciaport.

El representante de la Asociación de Vecinos de Nazaret protesta por los daños causados por las ampliaciones portuarias históricas y futuras, exigiendo reparación ambiental, limpieza del río Turia y recuperación de espacios municipales.

La Asociación de Vecinos del Grau se opone a la ampliación del puerto por sus consecuencias negativas en la calidad de vida del barrio, contaminación y pérdida de playas, abogando por un puerto más amable, activo y cercano a la ciudadanía.

David Adrià Ibor, en representación de Per l'Horta, rechaza la ampliación del puerto de Valencia argumentando que es incoherente en contexto de emergencia climática y escasez de recursos, además que viola la obligación constitucional de preservar un medio ambiente saludable.

La Asociación de Vecinos de Sant Antoni-Saïdia reclama dotaciones públicas para el barrio carente de infraestructuras y solicita que las naves de Guala 3, donde se pretendía construir un macrohotel, se destinen a servicios municipales.

La representante de la Asociación de Vecinos de la Roqueta se opone a la propuesta de reducción de horarios de la zona azul (ORA) del Grupo Municipal Vox, argumentando que generaría mayor tráfico, contaminación y deterioro de la calidad de vida en los barrios del centro, contradictorio con el modelo de ciudad verde y de movilidad sostenible que se pretende alcanzar.

Representante de la Fundación Anima Naturalis expone los riesgos y sufrimiento asociados a las fiestas taurinas tras una muerte en la Pobla de Farnals, pidiendo apoyo del PSPV para que Valencia abandone estas prácticas y demuestre ser una ciudad más civilizada y respetuosa con los animales.

La Asociación de Vecinos de la Roqueta solicita impulsar cinco proyectos de transformación urbana para convertir el barrio en un espacio más verde, sostenible y habitable, alineados con la capitalidad verde europea, destacando la necesidad de reducir el uso de vehículos, mejorar la calidad del aire y recuperar espacio público.

La representante de la Asociación de Vecinos Abastos-Finca Roja denuncia los problemas de contaminación, ruido y seguridad causados por el paso de 60.000 vehículos diarios por la avenida Pérez Galdós-Giorgeta, solicitando la reforma integral de la zona con un proyecto ganador (Arrels) que incluye solución al túnel y un depósito de aguas pluviales.

La presidenta de Stop Accidentes solicita la institucionalización del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial (tercer domingo de noviembre) e instalación de un monumento conmemorativo en un lugar céntrico y emblemático de la ciudad, en honor a su hijo Pablo y todas las víctimas de siniestros viales.

Representante del CD Apolo y vecinos del Tremolar expone preocupaciones sobre la seguridad de un carril bici proyectado en la zona, por incompatibilidad con el tráfico agrícola intenso (1.400 hectáreas de arrozal, 200 tractores diarios) y propone un trazo alternativo que evite el centro del barrio.

La Plataforma Veïnal Penya-roja rechaza las acusaciones de ser marioneta política y defiende su lucha contra la recalificación urbanística que eliminaba suelo dotacional en su barrio, celebrando el acuerdo alcanzado y reclamando nuevas dotaciones públicas como centro de salud y cultural.

El sindicato de profesorado de la Banda Municipal de València denuncia la grave crisis que atraviesa la institución desde el anuncio de su traspaso al Palau de la Música en 2021, con pérdida de puestos de trabajo, expedientes disciplinarios, suspensión de conciertos y falta de planificación, exigiendo el cese de la concejala de Cultura Gloria Tello y respeto para la banda.

La Associació de Veïns Grau-Port subscriu la moció sobre la Marina per a la ciutat i reivindica una gestió pública de la Marina de València amb participació ciutadana, limitant concessions privades i prioritzant usos públics, culturals i cívics sobre activitats turístiques massives que generen gentrificació.

Representante de asociaciones de vecinos de la Punta y la Plataforma Litoral por el Pueblo denuncia la falta de planificación de accesos a la futura Ciudad Deportiva del Levante UE y solicita que estos pasen por el recinto portuario y no por los barrios del Marítim, demandando transparencia e información pública en el proceso participativo.

Representantes del movimiento feminista de Valencia critican duramente el Plan Divérsitas por considerar que vulnera derechos de las mujeres al basarse en conceptos de identidad de género que consideran contradictorios, especialmente preocupadas por propuestas de espacios no segregados por sexo que podría afectar la seguridad de las mujeres.

Representante de la Federación Unión Africana España reclama la declaración de emergencia habitacional del asentamiento de la antigua fábrica El Prado en avenida de Cataluña, donde han muerto cuatro personas y hay otra enferma, exigiendo responsabilidad individual de los concejales.

Representante de la plataforma Esenciales y movimiento Regularización Ya presenta una iniciativa legislativa popular con más de 700.000 firmas recogidas en la calle para exigir la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en situación administrativa irregular, solicitando el apoyo del Ayuntamiento de Valencia para fortalecer la demanda ante el Congreso de los Diputados.

El representante del GAV defiende la permanencia de la estatua de Francesc de Vinatea en la plaza del Ayuntamiento como símbolo de la unidad y valentia del pueblo valenciano, destacando su importancia histórica en la defensa de los Fueros.

Representante de la plataforma Salvem Vinatea defiende la preservación de la estatua de Vinatea en la plaza del Ayuntamiento como símbolo de la memoria histórica y la identidad valenciana.

Representante de la Plataforma Veïnal de Penya-roja denuncia que el Tribunal Superior de Justicia ha anulado parcialmente la recalificación urbanística del barrio por segunda vez, exigiendo al gobierno municipal que retire el recurso de reposición, reconozca la sentencia y realice inversiones compensatorias en infraestructuras y servicios básicos para el barrio.

Vecinos del barrio denuncian operaciones inmobiliarias especulativas en la calle de Guatla y solicitan la protección de naves históricas y la modificación de calificaciones urbanísticas a dotacionales para evitar una urbanización que beneficiaría principalmente a promotoras.

La Asociación de Vecinos del barrio de San Antonio solicita la paralización de la demolición de un complejo industrial en calle Guatla para preservar su patrimonio industrial y convertirlo en dotaciones públicas, argumentando las carencias de servicios en el barrio.

La Plataforma Intercultural solicita el rechazo de discursos de odio hacia la población migrante, enfatizando que los migrantes contribuyen al crecimiento social, cultural y económico de la ciudad, y no deben ser criminalizados.

Representante de Hablamos Español solicita que el Ayuntamiento de Valencia garantice los trámites municipales en español y respete la cooficialidad lingüística en cartelería, redes sociales y documentación, argumentando que es acorde con la Constitución española y las democracias europeas con lenguas cooficiales.

El presidente de la Asociación Vecinal Fuensanta expone la frustración por la ineficacia del sistema municipal para resolver problemas del barrio, destacando la plaga de ratas y la necesidad de implicación política directa.

La psicóloga representa al equipo de Intervención Familiar del Ayuntamiento, solicitando la subrogación de nueve trabajadores al personal municipal tras la remunicipalización del servicio, argumentando que es cuestión de justicia social y laboral para garantizar la continuidad en la atención de menores vulnerables.

La Asociación de Vecinos de Nazaret reclama el soterramiento del tren, la ampliación del Turia, mejoras de infraestructuras urbanas y educativas, y denuncia los riesgos de inundación por cambio climático y la falta de control municipal sobre las obras portuarias.

Blanca Silvestre, en representación del Consell de la Joventut de València, presenta un diagnóstico de la realidad de la juventud valenciana, caracterizada por incertidumbre, resiliencia y expectativa, denunciando problemas como la dificultad de emancipación, la subida de alquileres y la precariedad laboral. Reclama una mayor participación y visibilidad de la juventud en las decisiones políticas municipales.

La Plataforma Veïnal de Penya-roja denuncia la falta de inversiones en el barrio, problemas en jardinería y limpieza municipal, proliferación de plagas y la necesidad de rehabilitar equipamientos como la alquería del Tenis y las naves de Cros. Reclama al alcalde que demuestre que tienen razón apostando por zonas verdes y proyectos pendientes.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico aborda problemas de seguridad, vandalismo, tráfico y movilidad en el centro, solicitando mayor presupuesto para IBI bonificado, cámaras de vigilancia, limpieza de grafitis, y evaluación consensuada de políticas de movilidad. También destaca la importancia de la gobernanza responsable y coordinada entre partidos políticos.

El representante de Mi Tierra CV realiza un discurso dirigido a los ciudadanos sobre temas de gobierno municipal, criticando la gestión actual y pidiendo cambios en política local, infraestructuras y servicios públicos.

Representante de la Asociación Zero Incívics denuncia siete años de acoso, amenazas y agresiones físicas de parte de vecinos en el Cabanyal, criticando la ineficacia de las medidas municipales de convivencia y la falta de protección a los denunciantes.

El presidente de la Asociación Aceras para Peatones denuncia la falta de control municipal sobre bicicletas y patinetes que incumplen la ordenanza, poniendo en peligro a los peatones, e insta al Ayuntamiento a tomar medidas como la matriculación de estos vehículos y la actualización de la normativa.

El presidente de la AV Cruz Cubierta denuncia la degradación de las calles San Vicente y zonas aledañas debido a ocupaciones ilegales, acumulación de basura, robos y problemas de seguridad, además de reivindicar mayor inversión en los barrios periféricos frente al centro de la ciudad.

La asociación de vecinos de San Antonio denuncia la falta de resolución sobre la declaración de bien de relevancia local para las naves de la calle Guatla y la amenaza de derribo por una promotora, solicitando protección patrimonial y expresando preocupación sobre el proyecto del macrohotel David Zapatero.

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Antonio denuncia la falta de dotaciones públicas en el barrio y se opone a la construcción de un macrohotel de 575 habitaciones en la calle Guatla, denunciando irregularidades en la titularidad del suelo y contradictions en las actuaciones del Ayuntamiento respecto al Plan Estratégico València 2030.

Miembro de la Asociación de Vecinos Marítim-Aiora reclama la reapertura inmediata de la piscina de Ayora, cerrada hace cinco meses, destacando su importancia para actividades terapéuticas y deportivas, y crítica la falta de gestión del gobierno local.

Una enfermera del Hospital General Universitario de València, delegada de CSIF, denuncia la grave situación de falta de recursos humanos en el hospital pese a tener la mayor población asignada de la Comunidad Valenciana, solicitando aumento de plantilla, estatutarización e integración en la Conselleria de Sanidad.

Los vecinos de Penya-roja reclaman urgentemente el soterramiento de las vías del tren mediante la prolongación del túnel de Serrería, criticando el nuevo PAI del Grao por no contemplar esta solución y exigiendo una inversión equivalente a la destinada a otras zonas de la ciudad.

La representante de Comfemercat rechaza la creación de nuevos mercados de venta directa de agricultores, argumentando que generaría competencia desleal hacia los 2.729 vendedores existentes y amenazaría los 8.200 empleos directos del sector, cuando existen 427 paradas vacías que podrían ocuparse en los mercados actuales.

Representantes de la plataforma InterinosVLC solicitan a la corporación municipal que aplique procesos de estabilización real para los 1.892 funcionarios interinos del Ayuntamiento, utilizando el marco legal de la Ley 20/2021 que permite diseñar procesos que valoren la experiencia acumulada, como ya ha hecho la Diputación de Sevilla.

El AMPA del CP Fernando de los Ríos demanda al Ayuntamiento de València que cubra vacantes de especialistas (música, educación física, orientación psicopedagógica, inglés) y exige explicaciones sobre la gestión de contrataciones, amenazando con solicitar la cesión del centro a la Conselleria de Educación si no se resuelven los problemas de recursos.

El AMPA del Colegio Municipal Benimaclet denuncia la falta de cobertura de la plaza de orientación psicopedagógica desde abril de 2021 y critica que la solución de trasladar recursos de otros centros genera competencia entre escuelas sin resolver el problema real.

La Asociación de Vecinos de Beniferri solicita explicaciones sobre el retraso en la finalización de la pista multideportes iniciada el 13 de enero y plantea demandas de mejoras como accesibilidad, iluminación, papeleras, bancos y delimitación segura de la zona.

Representante de la Federación del Taxi defiende la regulación del sector de taxi frente a las VTC, criticando la actuación de la CNMC y destacando la falta de profesionalidad en los conductores de vehículos de transporte con conductor.

La representante de Al-Adala València critica el cambio de posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental, denunciando la traición a los derechos del pueblo saharaui y reclamando un referéndum de autodeterminación bajo supervisión internacional.

Representante del Frente Polisario critica el cambio de postura del Gobierno español sobre el Sahara Occidental, argumentando que la soberanía corresponde exclusivamente al pueblo saharaui y rechazando la solución de autonomía como ocupación ilegal.

Representante de la Asociación de Saharauis en València critica la posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental, recordando la responsabilidad histórica y jurídica de España como antigua potencia administradora del territorio y pidiendo el reconocimiento del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

La presidenta de la Asociación Dret a Morir Dignament de la Comunidad Valenciana solicita el apoyo del pleno municipal a una moción sobre el derecho a la muerte digna, pidiendo colaboración para sensibilizar y informar a la ciudadanía sobre la Ley de eutanasia y el Documento de Voluntades Anticipadas.

Representante de Acció Ecologista-Agró defiende la demolición del hotel Sidi Saler para recuperar ambientalmente el sistema dunar del Parque Natural de la Albufera, considerando que continuar con la estrategia iniciada en los años 70 de desmantelecer infraestructuras obsoletas es clave en el contexto de emergencia climática.

El representante del sindicato SPPLB reclama el cumplimiento del acuerdo de compensación por pandemia de cinco días de descanso para trabajadores municipales de servicios esenciales, cuestionando la interpretación restrictiva del Gobierno sobre quiénes tienen derecho a este beneficio.

La defensora del Mayor expone la brecha digital que afecta a los mayores y solicita medidas concretas a las entidades bancarias: horarios especiales, envío de información en papel a domicilios y formación básica sobre operaciones bancarias.

El representante del sindicato de policías locales y bomberos denuncia el incumplimiento de acuerdos con el Ayuntamiento, particularmente los cinco días de compensación prometidos al personal de servicios esenciales durante la pandemia, que han sido sistemáticamente postergados.

El representante de la Asociación de Vecinos de Patraix celebra la aprobación del Plan Especial de Protección del Núcleo Histórico Tradicional de Patraix, considerando que finalmente se repara una deuda histórica con el barrio tras su anexión a la ciudad en 1870, y destaca la importancia de proteger la trama urbana histórica, la acequia de Favara y recuperar el espacio público.

La vicepresidenta del Consejo Local de Inmigración de Valencia denuncia la vulneración de derechos humanos de personas inmigrantes en situación irregular, pidiendo políticas migratorias que garanticen acceso a trabajo, sanidad, educación y vivienda, así como la lucha contra el racismo y la xenofobia.

El representante del sindicato SPPLB solicita al Pleno municipal que se oponga a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, argumentando que es fundamental para el trabajo policial y advirtiendo que las reformas propuestas debilitarán la capacidad de la Policía Local para prevenir delitos y mantener el orden público.

La Federación del Taxi agradece la modificación de la ordenanza de transporte que diferencia entre servicios de taxi y VTC, destacando la importancia de la sostenibilidad, seguridad y cumplimiento de la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis establecida en la LOT.

La asociación vecinal de Ciutat Vella manifiesta su rechazo a la entrada en vigor de las cámaras de vigilancia en el Mercado Central en las fechas previstas, argumentando que las obras aún no están terminadas, falta consenso y se han suprimido accesos sin alternativas de transporte, generando un aislamiento progresivo que amenaza la viabilidad comercial del barrio.

La representante de la hostelería del centro histórico rechaza el proceso de instalación de cámaras de control de acceso en Ciutat Vella por falta de participación ciudadana y demanda que se posponga hasta que mejore la situación del transporte y aparcamiento.

Representante de la Asociación de Vendedores del Mercado Central solicita comprensión respecto a los problemas de carga y descarga durante las obras de urbanización, siendo necesario establecer accesos alternativos a la calle Calabazas.

Representantes de colectivos falleros y entidades culturales de Ciutat Vella expresan su malestar por las dificultades de acceso y falta de aparcamientos que están afectando negativamente a sus actividades altruistas, y solicitan una reunión con el alcalde para dialogar sobre soluciones antes de la implementación de sanciones por cámaras.

Representante de Penya-roja denuncia incremento de inseguridad ciudadana, ocupaciones ilegales, botellones masivos y robos, pidiendo patrullas de Policía Local asignadas y aumento de efectivos. Apoya la intervención de Zero Incívics sobre problemas similares en el Cabanyal.

Representante de la Federación del Taxi agradece la modificación de la ordenanza que regula el servicio de taxi frente a la competencia desleal de las VTC, destacando que devuelve el equilibrio en la ciudad y permite a autónomos mantener sus ingresos frente a multinacionales.

La presidenta de la asociación de vecinos del Palmar y Perellonet denuncia la falta de compromisos del Ayuntamiento con los pueblos del Sur, denunciando la carencia de servicios básicos, la deficiente accesibilidad y la priorización del turismo sobre los derechos de los residentes.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pinedo denuncia la falta de inversión y consideración en espacios naturales, la problemática de la playa de perros, deficiencias en la limpieza, la falta de aparcamiento en los poblados del sur y problemas con el servicio de transporte público de la EMT que prioriza el turismo frente a las necesidades de los residentes.

La Asociación de Vecinos de la Devesa del Saler expone cuatro demandas principales: establecer un perímetro de seguridad contra incendios en el Parque Natural, mejorar la iluminación entre la Casbah y Aparwaks, reasfatlar las vías deterioradas después de 50 años sin mantenimiento, y exigir la ejecución urgente del proyecto de regeneración de las playas del Saler y la Garrofera.

La Federación de Natación de la Comunitat Valenciana presenta un comunicado sobre diversidad e igualdad, comprometiéndose a rechazar actos discriminatorios y a impulsar el respeto al colectivo LGTB+ en el deporte acuático mediante formación y medidas disciplinarias.

El presidente de la Agrupación de Peñas Valencianista y de Aficiones Unidas manifiesta apoyo al acuerdo municipal contra la violencia, racismo y xenofobia en el deporte, solicitando investigaciones sobre incidentes racistas recientes y protocolos de prevención.

Representante de la Federación Unión Africana España rechaza el racismo y la xenofobia en Valencia, apoyando el mensaje del alcalde sobre cohesión social e interculturalismo.

El coordinador general de Lambda reclama una declaración institucional de condena de la violencia contra el colectivo LGTB+, criticando la inacción de ciertos grupos políticos y apelando a la unidad democrática frente al odio y el fascismo.

CERMI-CV solicita la implementación de un programa de formación en trato adecuado a personas con discapacidad dirigido a empleados municipales para eliminar barreras actitudinales y promover inclusión y accesibilidad comunicativa.

Delegada de Médicos Sin Fronteras expone la necesidad de garantizar acceso universal a las vacunas COVID, comparando con el movimiento histórico para democratizar los medicamentos antirretrovirales, y enfatiza que la desigualdad en el acceso a vacunas es injusta y afecta la salud global.

La asociación vecinal critica la recalificación urbanística de Tabacalera que no se ajusta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y denuncia que el gobierno municipal cometió el mismo error que ya había criticado en oposición, además de afectar negativamente al barrio eliminando suelo público de un colegio y jardín.

Intervención de Salvem Tabacalera denunciando un pelotazo urbanístico en el conjunto de la antigua fábrica de tabacos que fue anulado en 2015, pero ahora se pretende legalizar y beneficiar a los promotores e infractores bajo la falsa ejecución de sentencia.

La representante de FANUCOVA realiza tres puntualizaciones sobre los trámites de familias numerosas y monoparentales, solicita una ley específica de monoparentalidad y pide que se adapten los criterios de metros cuadrados en vivienda a la renta per cápita.

Representante de FANUCOVA solicita potenciar políticas de natalidad a nivel municipal, incluyendo bonificaciones a familias numerosas, conciliación laboral y medidas para facilitar la independencia de jóvenes, argumentando que la baja natalidad afecta al futuro del sistema de pensiones y de la sociedad.

Representante de la Plataforma Veïnal de Penya-roja denuncia la recalificación de suelo público del barrio, argumentando que es ilegal, innecesaria, injusta e impopular. Destaca que el colectivo ha realizado procesos participativos con mayoría de rechazo a la medida y anuncia acciones judiciales.

La Plataforma Interin@s en Acción solicita estabilidad laboral para el personal temporal con 3 o más años en la administración municipal, presentando diferentes vías legales y agradeciendo el apoyo de todos los grupos políticos para resolver la precariedad laboral.

El secretario regional de JUPOL presenta un extracto de un manual de grupos Black Bloc sobre tácticas violentas contra la policía, exigiendo el apoyo incondicional de las instituciones y la condena pública a estos grupos criminales, así como la dimisión del alcalde Ribó.

Representante de la Asociación de Vecinos de Devesa del Saler cuestiona la falta de participación ciudadana real en la elaboración del Plan Local de Prevención de Incendios y critica su insuficiencia para mitigar riesgos reales en la zona, señalando incumplimiento de normativa de seguridad en la interfaz urbano-forestal.

Vicente Romeu expone las carencias históricas de la Punta (pedanía de Valencia), denunciando el abandono municipal, la falta de equipamientos básicos, servicios públicos y la confusión administrativa sobre su adscripción territorial y jurisdicción de seguridad.

Representante de la Federación Católica de Padres de Alumnos rechaza la LOMLOE por considerar que recorta libertades educativas, elimina el español como lengua vehicular, reduce derechos de las familias y perjudica a los alumnos más vulnerables. Solicita al Ayuntamiento que exija al Gobierno la paralización de la norma.

Liliana Kaczerginski, representante de la Asociación de Familias del CEIP Pare Català, denuncia la marcha fascista y neonazi del 12 de octubre en Benimaclet, reivindicando la diversidad y convivencia del barrio frente al odio y la intolerancia, mientras rechaza debatir con fascistas tras relatar su experiencia como descendiente de víctimas del holocausto.

José Luis Roberto Navarro, en representación de España 2000, denuncia una supuesta persecución política basada en falsedades sobre los hechos del 12 de octubre, alegando que se intenta ilegalizar un partido quebrantando principios democráticos y constitucionales fundamentales.

Fermín Turia, representante del Frente Obrero España, critica la falta de seguridad en instalaciones municipales y denuncia el despido improcedente de un trabajador de REDSA por promover elecciones sindicales, exigiendo al alcalde que se posicione a favor de los derechos de los trabajadores.

La Fundación por la Justicia apoya la aprobación del Reglamento de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València, considerándolo una herramienta fundamental para combatir la corrupción a través de la transparencia administrativa y la participación ciudadana. Destaca la necesidad de proporcionar recursos adecuados a los funcionarios públicos para implementar con éxito esta iniciativa.

Representantes de Associació Mesura y Fundació per la Justícia proponen crear una mesa de trabajo para mejorar la gestión de datos municipales, conectando la digitalización con participación ciudadana y transparencia, involucrando a las concejalías de participación, transparencia y cambio climático.

La vicepresidenta de ACICOM y comisionada del Consell de Transparència valora positivamente la aprobación del nuevo Reglamento de Transparencia como referente, destacando la importancia del derecho de la ciudadanía a la información pública y señalando problemas de cumplimiento en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de València interviene sobre el Reglamento de Gobierno Abierto y Transparencia, solicitando haber sido consultada desde el inicio y destacando los tres pilares del gobierno abierto: transparencia en la gestión de recursos públicos, datos abiertos y participación ciudadana.

Adrián Rodríguez, en representación de los clubes deportivos de Valencia, expone la grave situación económica de las asociaciones deportivas por la pandemia, con trabajadores en ERTE sin cobrar y capacidad limitada de funcionamiento, pidiendo ayudas directas a través de la moción sobre la Red Social de los Clubes Valencianos.

Representantes de varios colectivos vecinales del Cabanyal manifiestan su esperanza en las modificaciones del PEC y solicitan la ampliación del plazo de exposición pública para poder organizarse adecuadamente ante las limitaciones de la alerta sanitaria.

La Asociación de Vecinos del Cabanyal valora positivamente el Plan del barrio, destacando la aceptación de sus alegaciones sobre alturas, carga turística y catalogación de espacios urbanos, aunque critica la demora y enfatiza la necesidad de acciones sociales y seguridad ciudadana paralelas a las urbanísticas.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico solicita paralizar los cambios en las líneas de EMT previstos para el 23 de marzo, exigiendo transparencia, acceso a los estudios técnicos y un proceso participativo que permita consensuar las modificaciones con la ciudadanía.

La Associació de Venedors del Mercat Central expressa preocupació per la reforma dels trajectes de l'EMT, demanant que s'ature el projecte previst per al 23 de març i que es cree una Mesa de Mobilitat real per a buscar consens entre tots els agents del centre històric.

La Plataforma de la Plaça Músic López Chávarri reclama que se cambie el uso del suelo de SQR (equipamiento residencial) a zona verde, argumentando que el barrio del Carmen carece de espacios abiertos y que 1.484 vecinos se oponen a la construcción de un edificio en una plaza consolidada hace más de 20 años.

La Plataforma de Vecinos de Penya-roja denuncia la recalificación ilegal de solares públicos en varios barrios (Penya-roja, Músico López Chávarri, Torrecalap) para construir edificios y viviendas de lujo a favor de constructores privados, criticando la actitud de la Concejalía de Urbanismo.

Vecina del Palmar denuncia la deficiencia de servicios básicos (educación, sanidad, transporte público, suministros) en los Pueblos del Sur y la falta de consulta y participación ciudadana en el Programa de Paisaje y las medidas de pacificación de la CV-500, que amenaza el acceso a derechos y medios de vida de la comunidad autóctona del Albufera.

Representante de Societat Civil Valenciana critica la falta de participación ciudadana en el Programa de Paisaje de la Albufera y denuncia que se iniciaron obras mientras estaba abierto el período de alegaciones. Cuestiona las prioridades del ayuntamiento, señalando problemas reales como la contaminación del agua y la falta de mantenimiento del parque.

Portavoz del grupo Zero Incívics del barrio Cabanyal-el Canyamelar presenta carta solicitada en agosto sin respuesta sobre problemas graves de convivencia, incivismo, drogas, asedios sexuales, ocupaciones ilegales y deficiente actuación policial que afectan especialmente a mayores y población vulnerable.

El portavoz de la Asociación de Vendedores del Mercado Central solicita al Ayuntamiento que continúe con el modelo de autogestión mediante una concesión de servicio público, argumentando que el cambio de gestión a partir del 1 de enero comportaría la pérdida de servicios y la decadencia de un mercado de referencia en Europa.

Representante de la Federación de Famílias Numerosas denuncia la injusticia del IBI consolidado en 2016, que establece discriminaciones entre familias numerosas según el valor catastral de sus viviendas, y propone discutir un sistema de bonificaciones basado en metros cuadrados por habitante.

El representante de la Federación Empresarial de Hostelería solicita una política fiscal más equilibrada, señalando que el sector ha soportado continuas subidas de impuestos desde 2008 y que los márgenes de ganancia son muy ajustados, especialmente en el centro de la ciudad. Pide diálogo y participación en el proceso de aprobación de ordenanzas para evitar afectar desproporcionadamente a un sector que genera empleo significativo.

La Federación de Familias Numerosas solicita bonificaciones en el agua e IBI para familias numerosas, argumentando que estas deben recibir un trato específico según la Constitución, siendo penalizadas actualmente por las propuestas de modificación de tasas.